La Defensoría del Pueblo pide declarar emergencia carcelaria

El Comercio: 

La situación por la que atraviesan las cárceles fue analizada por la Defensoría del Pueblo y hoy 27 de febrero del 2019 se pidió que el sistema de rehabilitación social sea declarado en estado de emergencia. Según el organismo, es urgente intervenir las cárceles, especialmente, de Ibarra, Tulcán, Sucumbíos, Esmeraldas, Jipijapa, Guayaquil, Machala (de adultos y de menores), Quevedo y el Centro de Detención Provisional del Quito.

Además, señala que los centro Regionales muestran deterioro y están al límite de la capacidad establecida. En las provincias, en cambio, se detectó infraestructura “deteriorada e inadecuada”, hacinamiento y ausencia de programas específicos para las personas que están detenidas por no pagar pensiones y por haber cometido contravenciones. La Defensoría también habla de espacios físicos limitados, falta de colchones y camas, dificultada para acceder al servicio de salud. Además, menciona restricción de actividades productivas, educativas, deportivas, incremento de violencia, imposibilidad de separación entre procesados y detenidos con sentencias.

Asegura que esos escenarios crean un ambiente favorable para reproducir la corrupción. Según la entidad, hay insatisfacción con el servicio de alimentación (quejas relativas a la cantidad, calidad, variedad de los alimentos). No reciben las cinco raciones diarias establecidas en el contrato con la empresa proveedora. A esto se suma que no todos reciben el kit de aseo personal e insumos de limpieza. Otro punto detectado en la investigación es que no existen criterios unificados para recibir visitas de los hijos; tampoco para las visitas íntimas. Según la Defensoría, hay sobrecarga de tareas en las áreas de trabajo social y “algunos centros no cuentan con los profesionales requeridos”.

Los programas para tratamiento de adicciones también son limitados y no existe información sobre derechos y obligaciones, régimen de sanciones, formulación de quejas y sugerencias, mal manejo de expedientes, etc. Tras detectar estos problemas, la Defensoría del Pueblo recomendó gestionar ante la Asamblea Nacional cambios normativos para el fortalecimiento de la política criminal y de prevención del delito. Además, fortalecer la coordinación interinstitucional para expedir y actualizar los modelos y protocolos a seguir dentro de las cárceles.

Adicionalmente pide actuar de manera expedita y en coordinación con la justicia para la investigación, sanción y reparación por los hechos y denuncias de corrupción, malos tratos y muertes de los presos. La semana pasada, el director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dijo que trabaja precisamente en un proyecto para esta declaratoria y que el documento será expuesto a las autoridades de Gobierno.

Fuente: El Comercio