Necesidad del Senado

El Comercio – Enrique Ayala Mora: 

Hay consenso nacional respecto de que el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” debe desaparecer, junto con el poder del Estado denominado, paradójicamente, de “transparencia”. Ese Consejo es una novedad que introdujeron en la Constitución malos imitadores de la Venezuela chavista, el único otro país del mundo donde existe semejante engendro. Es un mecanismo tramposo para manipular la representación ciudadana y estatizar la sociedad civil. La sociedad se representa a sí misma, a través de sindicatos, federaciones, colegios profesionales, cámaras y asociaciones, sin que desde el Estado se organice la “participación”.

No es que ese Consejo debe ser modificado en sus atribuciones, como se intenta hacerlo en la Asamblea Nacional. Debe ser eliminado. En ello coinciden Julio César Trujillo, que propone una consulta popular, y amplios sectores ciudadanos, entre ellos el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). Pero si hay gran respaldo a la eliminación del tal Consejo, se ha discutido poco sobre quién asumiría sus funciones. Por ello, para la “institucionalización” del país, se debe plantear una reforma parcial de la Constitución. Desde hace una década en que cuestioné esa Constitución, he sostenido que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer.

He planteado que sus funciones deben pasar al Senado y a una Comisión Cívica Anticorrupción. La Cámara de Senadores en la Legislatura no es una novedad. Existe en la gran mayoría de las democracias del mundo. Sus funciones deberían ser la nominación de las altas funciones del Estado, su control y juzgamiento, aprobación de trámites internacionales y revisión de leyes que aprueba la Asamblea Nacional. El Senado debería estar integrado por 24 senadores electos por lista sobre base de representación nacional, con requisitos calificados.

La otra cámara, es decir la Asamblea Nacional, debe ser electa por representación provincial y debe reducirse el número de sus integrantes a no más de 84 miembros. De este modo, la Legislatura tendría 108 integrantes, menos que los actuales asambleístas. Pero esta innovación no puede ser una vuelta al pasado, cuando en el Congreso, entre gallos y media noche, se hacían “repartos” de las altas dignidades a espaldas de la ciudadanía.

Se debe mantener el proceso de selección de candidatos a las dignidades por concurso público, con total conocimiento de la opinión pública y posibilidad de impugnación. Se debe designar una comisión de concurso muy rigurosa, como cuando se reemplazó la “Pichicorte”. La convocatoria a una Asamblea Constituyente es el camino idóneo para institucionalizar al Ecuador. Pero hasta que haya consenso al respecto, la eliminación del tal Consejo de “participación” y la creación del Senado serían un gran paso.

Fuente: El Comercio