Así no, ministra Romo

El Comercio – Farith Simon: 

Una necesidad humana básica es la seguridad existencial que incluye contar con medios de subsistencia y un techo y sentir que estamos protegidos (al igual que nuestros seres queridos) contra todo tipo de agresión. La inseguridad -o la sensación de inseguridad- inmoviliza; al sentirnos amenazados y vulnerables incluso se modifican nuestros planes vitales, la libertad se ve reducida y en algunos desaparece por el miedo.

Una de las dimensiones de la seguridad existencial es la seguridad ciudadana: “la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna”, que conlleva enfrentar la violencia y la criminalidad. El Estado tiene el deber ineludible de determinar aquellas conductas que se consideran delitos, definir los medios para prevenirlas y, cuando se producen, establecer los procedimientos para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

En nuestro sistema la rehabilitación del delincuente es un objetivo central. Al establecer una conducta como delito se habilita al uso del instrumento más poderoso con el que cuenta el Estado, el derecho penal, abriendo la puerta al uso de la violencia por medio de la policía, la justicia, los castigos y la cárcel. Se ha generalizado la idea de que no pueden convivir la protección a los derechos con la lucha contra el delito y la delincuencia.

Un error grave: los derechos son un medio de protección de todos. La víctima de un robo, un secuestro, una estafa, es en un momento la parte más débil, por esto el Estado debe ponerse de su lado permitiendo el uso de todos los medios para protegerle, incluso la violencia (por parte de la víctima, sus cercanos, las fuerzas de seguridad). Cuando el acusado de un delito está en manos de las autoridades o la comunidad, él se convierte en el más débil, los derechos y garantías operan para evitar que se cometan abusos, se les someta a castigos no merecidos o desmedidos.

Cuando crecen el delito y la delincuencia, cuando se instala la inseguridad en una comunidad, el Estado incumple gravemente con su obligación de garantizarla. De igual forma, cuando se promueve, admite o tolera los abusos contra los acusados de delitos o los que han sido declarados responsables de estos, se incumple con la obligación de respetar los derechos. La Ministra del Interior se había mostrado poco dispuesta a ceder a las tentaciones del populismo penal y al abuso como medio para enfrentar el delito.

Al parecer, sintiéndose débil por las acusaciones del incremento de la delincuencia y el uso indebido de bienes públicos, aceptó y justificó -implícitamente- un abuso policial, reduciéndolo a un problema de procedimiento. Aceptar esto, incluso entendiendo la dimensión humana de lo sucedido, envía un mensaje peligroso. Ministra Romo, usted tiene la obligación de luchar contra la delincuencia, pero no puede tolerar los abusos; al hacerlo les da vía libre.

Fuente: El Comercio